Iniciativa de reforma a la ley de pensiones
Por Alejandro Bernal Astorga
Desde su promulgación en 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha tenido 256 reformas que han modificado 770 artículos, mientras que la de los Estados Unidos de América ha tenido 27 enmiendas en 231 años.
Sería interesante identificar los impactos que estas reformas han tenido para contribuir a elevar el nivel de vida de las personas a través de tiempo.
A 107 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este 5 de febrero, el poder ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión, un paquete con 20 iniciativas de reforma, entre las que se encuentra la iniciativa de reforma al sistema de pensiones.
Esa iniciativa propone reformar al artículo 123 constitucional para que las personas trabajadoras con 65 años que empezaron a cotizar después del 1° de julio de 1997, conforme a la Ley del Seguro Social y las personas trabajadoras que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tengan derecho a que su pensión de retiro por vejez sea el 100% de su último salario.
Esta propuesta sería positiva especialmente para quienes reciben una pensión mínima garantizada de 8,400 mensuales y lo sería aún más para quienes laboran en el sector informal y no cuentan con esta prestación.
El gran reto es darle factibilidad económica a la propuesta sin poner en riesgo la estabilidad del sistema de pensiones, considerando a quienes ya se pensionaron y a quienes se pensionarán.
Al respecto el ejecutivo federal propone crear un “Fondo de Pensiones para el Bienestar” con un “capital semilla” de 64,619 millones de pesos, que, al no estar considerado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, tendría que obtenerse de los ingresos que el ejecutivo federal pudiera captar o generar.
Ese fondo se integraría con el 75% de los recursos provenientes del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de los ingresos que se obtengan de la venta de bienes inmuebles sin construcción propiedad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
Además de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que se pretenden eliminar y del presupuesto asignado a los órganos autónomos que pretende desaparecer, así como de los adeudos que entes públicos o privados tengan el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el ISSSTE o el IMSS.
Para que esta propuesta le de sostenibilidad al sistema de pensiones, la suficiencia presupuestal es clave y Abraham Vela Dib, expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), afirma que “64,619 millones de pesos no cubrirían ni un bimestre de aportaciones a las cuentas individuales de los trabajadores”, por lo que el monto luce limitado.
City Banamex afirma que, con esta propuesta de reforma, el gobierno federal requeriría destinar 430 mil millones de pesos para 2025, equivalentes al 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Habría que considerar que al ser esta una reforma constitucional, requiere de la aprobación de dos terceras partes del congreso y el ejecutivo federal no tiene mayoría calificada para su aprobación, por lo que, de no lograr consensos con las fracciones partidistas, su aprobación luce complicada.
Esta iniciativa no revierte o desaparece a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). Sería un complemento para que las y los pensionados tuvieran acceso a mejores niveles de vida y a una vejez más digna, pero su sostenibilidad financiera es cuestionable.
