En el contexto del proceso electoral que culminará el próximo 2 de junio, nuestro estado y país no pueden dejar de aspirar a que la violencia generada por las organizaciones criminales ya no influya o marque la pauta de una actividad tan fundamental para darle vigencia a nuestra democracia, libertad, estabilidad y desarrollo. Al contrario: con nuestro voto, las y los ciudadanos queremos fortalecer nuestras instituciones y promover la participación cívica.
Lamentablemente, es visible, las y los colimenses, las y los mexicanos, nos enfrentamos a la sombra perenne de la violencia criminal que insiste en socavar los principios más fundamentales de nuestra sociedad. La coincidencia es general: tiene que haber un llamado enérgico y unánime al rechazo de cualquier forma de violencia relacionada con el proceso electoral.
La violencia, en todas sus manifestaciones, es un atentado directo contra el diálogo, la tolerancia y, sobre todo, contra la democracia misma. La campaña electoral de 2024 debe ser un reflejo de los valores que como nación aspiramos a promover: respeto, inclusión y diálogo constructivo. Es imperativo que las y los actores políticos, las autoridades electorales, la sociedad civil y los medios de comunicación, trabajemos conjuntamente para garantizar que este proceso se desarrolle en un ambiente de paz y seguridad.
No pueden ni deben ser una constante y llegar a su normalización, cualquier acto de intimidación, coerción o violencia dirigida a candidatos, activistas, votantes, funcionarios o cualquier participante directo o indirecto del proceso electoral.
Es crucial que las autoridades competentes actúen con la máxima diligencia para investigar y sancionar dichos actos, asegurando que la justicia prevalezca sobre la impunidad.
