En Colima: la violencia desatada
Por Rogelio Guedea
En un Mundo en el que se suceden varias realidades al mismo tiempo (políticos ya a la busca de los próximos puestos de elección popular, jóvenes disfrutando de megafiestas sin pensar en su futuro ni en el futuro, sicarios acechando a su próxima víctima), la violencia ha llegado a ocupar un sitio que no puede ser ya soslayado por las autoridades de todos los órdenes. En las últimas semanas nos hemos enterado de un número significativo de crímenes que hablan de la respuesta fallida que se ha dado para enfrentar este flagelo y de la inoperancia de las medidas preventivas para paliarlo. Asesinaron a una mujer policía y a dos de sus compañeros los dejaron heridos, asesinaron a un abogado y a su hijo (lo que provocó que el Poder Judicial de la Federación decidiera empezar a trabajar a distancia), asesinaron a un estudiante de Bachillerato en Cuauhtémoc, etcétera, y esto es sólo parte de una cotidianidad que no parecer alterar la agenda de los encargados de mantener el orden en la población colimense. De nada ha servido la presencia de cientos de elementos de la guardia nacional, pareciera incluso que entre más llegan elementos de la guardia nacional la violencia se desata más y las autoridades se desarticulan de tal modo que quedan impávidas ante la espiral de muertes. Salvo Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo, que ha aumentado en un 100% el salario de sus policías, acción que me parece pertinente y plausible por parte de la presidenta Griselda Martínez, en el resto de los municipios no se ve muy claro qué acciones concretas están realizando para contribuir a la paz y armonía de sus demarcaciones, ni tampoco se sabe muy bien cómo estos se coordinan (o a la inversa) con el Gobierno estatal y éste a su vez con el federal para darle efectividad a sus acciones. No ha habido en los últimos meses una noticia de alto impacto en la que se haya informado sobre la detención de algún cabecilla de algún grupo criminal o la desarticulación de alguna banda importante de delincuentes. Las noticas sólo registran y contabilizan el número de crímenes y luego se pasa a lo que sigue. Lo que las autoridades no saben (o no quieren ver) es que la violencia delincuencial, que ya ha penetrado sensiblemente el tejido social, se convierte fácilmente en violencia política y dado que estamos en el umbral de campañas electorales y elecciones, la clase política de nuestra entidad puede pagar un alto costo por ello. Sólo en el último año hubo 274 crímenes de este tipo, contra 172 funcionarios públicos, 23 ex funcionarios, 12 ex ediles y 7 alcaldes. La cifra, obviamente, es preocupante. Esperemos, pues, que las autoridades de todos los órdenes converjan en un plan de emergencia pronto y expedito que detenga lo antes posible esta ola que no parece disolverse con nada, antes de que se pierda completamente el control de la tranquilidad de nuestra entidad.
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