Por José Luis Negrete Ávalos
Cualquier avance en los temas de importancia que acontecen en el día a día de cualquier nación, no pasan desapercibidos ni es difícil de dejar fuera del foco público. Es decir, los asuntos que favorecen o por el contrario complican las situaciones de desarrollo, oportunidades y mejora continua para los individuos, grupos, comunidades y la sociedad en general, tarde o temprano estarán puestos a prueba.
Es natural en ese sentido que el ejercicio público y el proceso de relaciones intergubernamentales, la sociedad y el propio gobierno tengan una interacción continua. Esto resulta en la evaluación de necesidades por parte de la sociedad y la obligación de los entes públicos por garantizar la disminución de esas necesidades, la reducción de brechas que impiden el desarrollo y la participación plena de todos los sectores sociales.
Un ejercicio perfecto para mostrar qué tanto se ha dado esa participación y mejora de necesidades se podría observar en el terreno político, sobre la incursión de la población en la toma de decisiones a partir de la representación. El cuestionamiento que se hace presente de forma inevitable es: ¿Es visible la participación de todos los grupos sociales dentro de la representación política en nuestro país?
La respuesta que sugiere este cuestionamiento se vuelve, de forma natural, un tema de debate complicado con procesos de polarización y discusión permanente.
A raíz de la jornada electoral del pasado 2 de junio, el INE puso en marcha el proceso para la participación de grupos prioritarios mediante la aplicación de las llamadas acciones afirmativas, que buscan disminuir la discriminación que viven las personas de la comunidad indígena, la diversidad sexual y las personas con discapacidad.
Dentro de este proceso electoral 2024, falta observar el desarrollo y participación de las personas con discapacidad, pero dadas las circunstancias, de manera objetiva, podría responderse en cierta medida el cuestionamiento planteado anteriormente. El entorno sobre la participación y ejercicio de los derechos políticos- electorales, de este sector aun presenta cabos sueltos.
La necesidad de ajustes y establecimiento pleno a las reglas sobre la justificación de las fuerzas políticas para la integración de las fórmulas aún deben pulirse, no sobre el papel, sino en los hechos y en la propia comprobación de valores y ética en el ejercicio de la representación. Aún existe el riesgo de la simulación y el efecto de un panorama normalizado. Aún falta mucho por hacer para la plena participación de los grupos históricamente afectados con la brecha de la discriminación.
Las opiniones expresadas en este texto periodístico de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a El Comentario.
