Por Doctor Roberto García Avendaño*
Un elemento indispensable para la planeación de políticas públicas en materia de seguridad (o desde la perspectiva de la seguridad ciudadana) es el tema presupuestario. Existen muchas ideas, y la mayoría son acertadas, incluyendo aspectos tecnológicos, jurídicos y sociales. Sin embargo, regularmente, en la reflexión de distintas personas o grupos con iniciativas creativas e innovadoras, se les escapa el detalle financiero.
Podría escribir sobre cómo ha ido aumentando el presupuesto de egresos en materia de seguridad y comentar qué dependencias estarían incluidas o no. Sin embargo, me gustaría centrarme en esta ocasión, de forma genérica, en los apoyos que han recibido y reciben los estados y municipios desde el Congreso de la Unión.
Recuerdo aquel lejano 15 de enero de 2008, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo 01/2008 que establecía las bases para la elegibilidad de municipios para la aplicación de recursos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN). En él se hacía referencia a que el Presupuesto de Egresos publicado el 13 de diciembre de 2007 en el DOF asignaba la cantidad de 3 mil 589 millones 400 mil pesos para 150 municipios (incluyendo demarcaciones territoriales) del país. Se encargaba la responsabilidad al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de dar seguimiento a los programas que atendieran el fenómeno delictivo, equiparan y transformaran a los cuerpos de seguridad pública en todas las áreas necesarias, vinculándolos siempre con la sociedad civil. Años después, llegó Peña Nieto, y en 2016 el SUBSEMUN se transformó en el Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad en Entidades Federativas y Municipios (FORTASEG) con la asignación de 5,953 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Con ello se beneficiaron 300 municipios del país (incluyendo las demarcaciones), con la finalidad de que las corporaciones fortalecieran su desempeño, se equiparan y profesionalizaran, es decir, algo muy similar al programa anterior. Con el paso del tiempo y los cambios de gobierno, en 2021 desapareció el subsidio denominado FORTASEG, pues no se le han vuelto a asignar recursos.
Como parte de los esfuerzos durante la administración federal de aquella época, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión asignó recursos financieros para el tema de seguridad con la creación en 2011 del Subsidio para la Policía Acreditable (SPA), destinado no a los gobiernos municipales, sino a los gobiernos estatales, con la finalidad de reorganizar las corporaciones bajo un esquema de Mando Único Policial. Esto no solo para la policía preventiva, sino también para las policías ministeriales y el personal de custodia de los Centros Penitenciarios. Sin embargo, aunque hubo avances, no se logró materializar este proyecto, y para 2017 ya no se asignaron recursos y terminó desapareciendo, junto con otro programa que fue muy efímero, pues solo existió en 2012, me refiero al Subsidio de Apoyos a las Entidades Federativas en materia de Seguridad Pública (PROASP).
Desde 1998, existe lo que conocemos a través de la Ley de Coordinación Fiscal como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), cuyo principal objetivo es apoyar a las policías estatales en la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. También busca establecer bases de datos criminales y de personal para las instituciones, formular políticas públicas para prevenir la violencia y el delito, y fomentar la participación de la comunidad en la planeación, implementación y evaluación de acciones en materia de prevención de conductas delictivas. Actualmente, el FASP tiene una bolsa de 9 mil 210 millones 881 mil 077 pesos según el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024, publicado en el DOF.
Junto con el FASP, está el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), a través del cual la Federación transfiere recursos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para beneficiar a las entidades federativas en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública estatales y municipales. Este año fue de 1,079 millones 363 mil 467 pesos según el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024, publicado en el DOF.
Otro fondo que aún existe es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), con una bolsa este año de 5 mil 848 millones 352 mil 383 pesos, que se puede usar por los gobiernos municipales para el cumplimiento de obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, para la modernización de los sistemas de recaudación, mantenimiento de infraestructura, entre otros. Como se puede ver, no es únicamente para cuestiones de seguridad pública, sin embargo, desde el Gobierno Federal se conmina, y en el Presupuesto de Egresos de 2024 así lo señala, que de estos recursos se destine por lo menos el 20% a la atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública, por lo que nos encontramos con otra fuente financiera para atender el tema que nos ocupa en esta serie de columnas.
Como es de apreciarse, existen, ya sea en el pasado o en la actualidad, opciones para obtener recursos financieros para la seguridad pública. Sin embargo, esto requiere, por parte de los gobiernos municipales y estatales, conocimiento de los mismos, sus reglas de operación, límites y alcances. Además, implica cierta experiencia para su gestión y ejercicio, pues al ser recursos federales, aplican normas, lineamientos y criterios como los señalados en la Ley de Adquisición, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por mencionar alguna.
Así que no solo se trata de presentar iniciativas o proyectos creativos, asertivos e innovadores para la seguridad, sino también incluir dentro de estas propuestas la fuente financiera que permitirá materializar las políticas públicas y programas de gobierno en la materia, pues aunque las cifras parezcan abundantes, lo cierto es que las limitaciones siempre han estado presentes.
* Profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como en la Facultad de Trabajo Social.
Contacto: avendano@ucol.mx
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