Argentina reduce un impuesto que pesa sobre las importaciones de bienes y servicios, una jugada no exenta de costes y riesgos pero que se inscribe en la estrategia del Gobierno de Javier Milei para “pulverizar” la aún muy elevada inflación del país suramericano.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la semana pasada que desde este lunes la alícuota del denominado Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (o por sus siglas País) para las importaciones de bienes y servicios pasará del 17.5% al 7.5%, retrotrayendo el arancel al nivel de diciembre de 2023, cuando Milei, apenas asumir la presidencia, lo elevó como parte de su plan de shock para estabilizar la macroeconomía.
La reducción, según aseguran las autoridades argentinas, va a permitir abaratar costes de materias primas y bienes intermedios importados, y, por ende, bajar los precios de los productos terminados en Argentina y estimular la competencia en general.
El objetivo: consolidar el proceso de desaceleración de la inflación, que, de tasas mensuales del 25.5% en diciembre y del 20.6% en enero, ha ido moderando su evolución, hasta un alza, aún muy elevada, del 4% en julio, según el último dato oficial disponible, y del 3.8% en agosto, de acuerdo a cálculos privados.
“La medida es una buena señal. La inflación debería bajar entre 1 y 1.8 puntos porcentuales, dependiendo la incidencia de insumos importados en los productos finales”, explica a EFE Leonardo Piazza, director de la consultora LP Consulting.
La carga tributaria del denominado impuesto País en el precio de venta final para bienes producidos en Argentina que usan insumos importados es de entre el 2% y el 6%, por lo que la reducción de la alícuota abarataría el precio final entre un 1.14% y un 3.4%, según cálculos privados.
Si la reducción de precios efectivamente se concretará es algo que se sabrá con el correr de las semanas.