Por José Luis Negrete Ávalos
El comienzo de un sexenio que entre sus ingredientes puntuales es reconocible desde sus mismas bases, desde el propio contexto en el que fue electo, desde la propia intención de su arranque en la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum priorizando enfáticamente los proyectos derivados del gobierno anterior.
El ingrediente de la continuidad es la bandera que directamente es izada para justificar los planes que desde su perspectiva puedan orientar el acontecer de un México que se encuentra en la realidad.
Sobre complicaciones añadidas en el tema del estado derecho, la validación en la búsqueda de la paz.
Teniendo claro que en este breve lapso de tiempo no puede asegurarse un cambio inmediato en los hechos, también es cierto que es a partir de estrategias donde esos hechos y complicaciones deben tener una salida; una ruta parcialmente definida; que dirija las acciones de continuidad y estabilidad social que prevé la administración federal.
Pero la cuestión que surge es la siguiente:
¿Cómo pueden armonizarse los planes y los hechos de los gobiernos para encontrar el estado de derecho?
Si comprendemos que el estado de derecho es “un régimen en el cual las autoridades actúan únicamente dentro de los márgenes establecidos por la ley y su legitimidad depende, precisamente, de su apego a dichos límites” (Bobbio, 2015: 458.).
En este sentido esos límites no siempre son claros ni por parte de los ciudadanos ni de las mismas autoridades, por esta razón la respuesta a la pregunta sobre encontrar el estado derecho, está íntimamente ligado con la intención de los involucrados en esta cuestión.
Para lograr este objetivo es necesario que existe un verdadero compromiso en los tres niveles de gobierno, complementando por supuesto con acciones sociales que evoquen la participación, de todos y todas.
Desde la prevención, por medio de las estrategias para la paz, pero fundamentalmente deben orientarse acciones que eviten la confrontación, la desigualdad, la discriminación, la polarización.
Pues se desvanecen las oportunidades de concretar en los hechos cierta legitimidad, que asegure el desarrollo general de las normas dispuestas y cumplimiento de estas en la búsqueda de paz, recordando la obligación del Estado respecto al resguardo de la seguridad pública como tarea esencial.
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