Cuando la justicia da la espalda: las barreras invisibles que enfrentan las mujeres víctimas de violencia familiar en Colima
Por Bárbara Mancera Amezcua*
Imagina por un momento que has tomado la valiente decisión de denunciar la violencia que sufres en tu propio hogar. Llegas a la institución que, por ley, debe protegerte, buscando justicia y seguridad. En lugar de encontrar apoyo, te encuentras con miradas de desconfianza, comentarios que minimizan tu dolor y trámites interminables. Esta no es una escena hipotética; es la realidad cotidiana para muchas mujeres en Colima, según una investigación realizada en el Ministerio Público especializado.
Un estudio pionero, basado en la observación directa dentro de la Fiscalía Especializada en Delitos por Razón de Género y Trata de Personas de Colima, desvela los factores socio-jurídicos que sistemáticamente excluyen y discriminan a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. La investigación, de naturaleza cualitativa, documentó durante meses las interacciones entre las víctimas y los servidores públicos, revelando un sistema que, en la práctica, funciona como un muro en lugar de una puerta hacia la justicia.
El peso de los prejuicios: la primera barrera
La investigación identificó que el prejuzgamiento por parte de las autoridades es una de las barreras más dañinas. En lugar de recibir empatía, las mujeres son frecuentemente cuestionadas y culpabilizadas. Se documentaron casos donde servidoras públicas hicieron comentarios insensibles, preguntando a las víctimas por qué no habían abandonado antes a su agresor o por qué esperaron tanto para denunciar. Este tipo de actitudes ignora por completo la complejidad del ciclo de la violencia, en el que las víctimas se encuentran atrapadas entre el miedo, la dependencia económica y la esperanza de un cambio.
Estos prejuicios están profundamente ligados a los estereotipos de género. En conversaciones internas, algunas autoridades llegaron a afirmar que “algunas mujeres denuncian solo para perjudicar a los hombres”, sembrando una duda sistemática sobre la credibilidad de los testimonios. En otra ocasión, la apariencia física de una usuaria -sus tatuajes y forma de vestir- fue utilizada para insinuar, sin fundamento, que consumía drogas, desviando la atención de su denuncia y centrándose en un juicio moral.
Otra conducta recurrente documentada es la minimización de la violencia, especialmente cuando no deja marcas físicas evidentes. La violencia psicológica y verbal fue constantemente subestimada. En una ocasión, una autoridad afirmó que los insultos y comentarios denigrantes de un agresor no constituían violencia acreditable. En otra, una mujer que acudió a ampliar su denuncia por violencia verbal se retiró sin haber podido formalizarla, luego de que la autoridad restara importancia a lo sucedido, convenciéndola indirectamente de que “no tenía la suficiente trascendencia”. Este enfoque deja desprotegidas a miles de mujeres cuyo sufrimiento no es menos real por ser invisible a simple vista.
La revictimización institucional: groserías, retrasos y negligencia
Quizás lo más impactante fue documentar la revictimización directa. Las usuarias eran frecuentemente objeto de denostaciones y groserías a sus espaldas. Expresiones vulgares para referirse a ellas, como “hija de la chingada” o “pinche vieja”, eran comunes en las conversaciones internas del personal. Incluso se presenció cómo una auxiliar del Ministerio Público lanzó bruscamente sobre el escritorio las hojas de una declaración que una usuaria se atrevió a corregir, actitud que fue normalizada por sus superiores.
A esto se suman los retrasos injustificados en las investigaciones, el extravío de carpetas y, en algunos casos, la negación directa del servicio. Mujeres que esperaban horas para ser atendidas eran olvidadas en las salas de espera, para luego ser recibidas con indiferencia o, peor aún, con burlas por parte del personal. Esta burocratización y desidia no sólo perpetúan la impunidad del agresor, sino que agotan emocional y económicamente a las víctimas, muchas de las cuales, ante la falta de avances y el trato hostil, optan por abandonar el proceso legal.
Consecuencias: un sistema que cierra sus puertas
El impacto de estas prácticas es devastador. La desconfianza en el sistema de justicia se profundiza, llevando a muchas mujeres a desistir de sus denuncias. Abandonar el proceso legal significa dejar sin consecuencias al agresor, reforzar el ciclo de la violencia y enviar un mensaje a la sociedad de que denunciar no sirve. La falta de acceso a la justicia no es solo una falla procedural, es una violación directa a los derechos humanos de las mujeres y una forma de violencia institucional.
Los hallazgos de esta investigación no buscan solo señalar un problema, sino iluminar el camino hacia soluciones concretas. Es urgente implementar capacitaciones continuas y efectivas con perspectiva de género para todo el personal, que erradiquen los estereotipos y fomenten la empatía. Además, es fundamental destinar más recursos humanos y materiales a las fiscalías para reducir la sobrecarga de trabajo que pueden derivar en una atención deficiente, y establecer protocolos estrictos que sancionen las actitudes de revictimización.
Garantizar que las mujeres víctimas de violencia encuentren en las instituciones un verdadero refugio y no una nueva fuente de maltrato es una deuda pendiente de la justicia. Transformar esta realidad no es solo una obligación legal, es un imperativo moral para construir una sociedad donde la justicia, en efecto, sea para todas.
Para conocer más sobre el presente tema puede consultar el siguiente enlace: https://doi.org/10.15174/cj.v14i27.511
*Profesora e investigadora de Tiempo Completo de la Facultad de Derecho, de la Maestría en Derecho, Maestría en Bioética, Doctorado Interinstitucional en Derecho, Doctorado en Estudios Sociopolíticos para el Desarrollo Glocal de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y en el Doctorado en Estudios Socioculturales sobre las Desigualdades de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima.
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