Por José Luis Negrete Ávalos
Al afianzarse la mayoría de los resultados de la jornada electoral del pasado 2 de junio, tanto a nivel federal como local en la mayoría de los estados, se observa una breve calma después del frenesí de expectativas durante el desarrollo del proceso electoral. En esta jornada no solo se definía la Presidencia de la República, sino también la plena conformación de nuevos congresos locales y del Congreso de la Unión.
Es decir, el poder legislativo en su totalidad: 128 senadores y 500 diputados, considerando ambas cámaras por mayoría relativa y representación proporcional. Estos resultados permiten observar claramente el acomodo de las fuerzas políticas según los espacios obtenidos.
Ante el panorama, se vislumbra el triunfo de la Coalición “Juntos Seguimos Haciendo Historia”, integrada por los partidos Morena, PT y PVEM, tanto en la elección del Ejecutivo Nacional como en el poder legislativo. Este hecho sugiere que las decisiones, acciones de reforma a las leyes existentes, y la presentación de nuevos proyectos de ley, iniciativas, puntos de acuerdo y consultas, tendrán altas probabilidades de concretarse.
Tomando en cuenta que aún se están realizando los conteos finales en los distintos distritos electorales para diputaciones y senadurías por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), y faltan los procesos de impugnación por parte de los partidos de oposición, surge una cuestión inevitable: ¿Qué sucede ante la posibilidad de la sobrerrepresentación en el poder legislativo?
Esta pregunta es totalmente necesaria, considerando precisamente la posibilidad de una mayoría calificada que, hasta el momento, parece darse a favor del partido en el poder y de los partidos que conforman la coalición. Este escenario reafirma la posibilidad de realizar cambios constitucionales.
Sin embargo, también presenta el riesgo de la sobrerrepresentación, es decir, una cantidad de espacios mayor al número de votos obtenidos por un instituto político. Esta desproporción afecta la discusión y el debate, impidiendo equilibrar eficientemente la labor legislativa, un efecto que debe ser considerado teóricamente previsible, recordando la idea básica de la división de poderes de Montesquieu.
Es esencial que la realización de proyectos y leyes favorezca a la mayoría de manera consciente, supeditada a una realidad que encuadre lo mejor posible las decisiones de esas probables reformas, evitando los efectos negativos que pudieran producirse ante la sobrerrepresentación. Todo debe apostarse a la pluralidad y al consenso.
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