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Por Alejandro Bernal Astorga
El 8 de marzo de 1908, las trabajadoras de la fábrica Cotton, en Nueva York, se declararon en huelga buscando una reducción de la jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y mejoras para superar las malas condiciones de trabajo.
En respuesta el dueño incendió el lugar, bloqueó las puertas y 129 mujeres murieron. A 116 años de este hecho trágico, la lucha de las mujeres por la seguridad e igualdad es justa al evitar la discriminación y la violencia de género
Para garantizar los derechos de la mujer en nuestro país, el marco jurídico y su correcta aplicación son esenciales y entre los avances más significativos se encuentran los siguientes:
Aunque a nivel internacional el derecho de las mujeres a votar se promulgó el 17 de octubre de 1953, fue hasta el 3 de julio de 1955 que en México pudieron votar y ser electas por primera vez. Las mexicanas solo tienen 69 años participando plenamente en la vida política y democrática del país.
En 2003, se aprobó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, por razones de género. En 2006, se aprobó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que regula y garantiza la igualdad de oportunidades y de trato, entre mujeres y hombres.
En el 2007 se expidió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para prevenirla, sancionarla y erradicarla, evitando la afectación a mujeres, adolescentes y niñas.
En 2014 con la creación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se dispusieron condiciones para que los partidos políticos cumplieran con la paridad de género en sus candidaturas y destinaran el 3% de su gasto ordinario para capacitar a mujeres; además, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral fue facultado para rechazar el registro de las candidaturas que no respeten el principio de paridad.
En México, las estadísticas reflejan la realidad compleja que enfrentan las mujeres. A continuación, se presentan algunas estadísticas que muestran los principales retos de seguridad y económicos que enfrentan las mujeres en México:
En 2023, se registraron 827 feminicidios y 2,581 homicidios dolosos; en promedio 10 mujeres son asesinadas diariamente. Asimismo, dos de cada tres personas de 0 a 17 años registradas como desaparecidas, no localizadas o localizadas en el país, fueron mujeres (68,129 de 101,064 registros).
A nivel nacional, del total de mujeres mexicanas mayores de 15 años, el 51.6% manifiesta haber sufrido en algún momento violencia psicológica; un 49.7% violencia sexual; un 34.7% violencia física; un 30% violencia laboral y un 27.4% violencia económica, patrimonial y/o discriminación.
Además, hoy, México es el octavo país con mayor índice de matrimonio infantil en el mundo, según la ONU. Las principales víctimas son mujeres indígenas menores de 18 años.
El IMCO señala que México es el cuarto país con menor participación económica de las mujeres en América Latina. Su participación en la economía remunerada alcanza solo el 46%, mientras que la de los hombres asciende al 77%. Se requerirían 119 años para que las mujeres alcanzaran la tasa de participación económica de los hombres.
Asimismo, el 55% de las mujeres laboran en la informalidad, con todas las desventajas que esto genera, mientras que solo el 49% de los hombres trabaja en esta condición
En promedio, en nuestro país, las mujeres perciben 6,360 pesos mensuales, mientras que los hombres perciben 9,762 pesos. Esto se traduce en una brecha de ingresos del 35%.
Desafortunadamente, el talento de las mujeres se pierde a medida que ascienden en la escala corporativa: su presencia en los consejos de administración empresariales o institucionales es solo del 13%, contra el 30% del promedio mundial.
Detrás de estas cifras hay mujeres que luchan a diario por justicia, igualdad de oportunidades y acceso a mejores niveles de vida para ellas y sus familias. Sin duda el Estado debe garantizar su seguridad y la sociedad toda, requiere educar desde la niñez para evitar la violencia de género.
El 8 de marzo es una fecha conmemorativa, no una festividad; es un espacio para reflexionar y cuestionar los avances alcanzados, los desafíos pendientes y la necesidad de continuar promoviendo la igualdad de género, asumiendo compromisos. Hacer lo contrario, aun con gestos bien intencionados, es ignorar las verdaderas razones de la conmemoración.
Minimizar o desvirtuar hechos comprobables de discriminación, es perpetuar un círculo vicioso generacional. Para algunos, la realización de marchas y de las manifestaciones derivadas de estas (como las pintas), pueden ser criticables; en todo caso, lo sería aún más la pérdida de vidas humanas, la afectación física o mental a las mujeres y el coartar su libertad o aspiraciones. Después de todo, ¿qué haríamos si nuestra madre, hijas, hermanas o amigas fueran las afectadas?
